RECTORÍA
COMUNICADO NÚMERO 12
A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA
Bogotá, D.C., 13 de octubre 2010
Apreciados profesores, estudiantes y trabajadores:
Me dirijo a ustedes para informarles de primera mano acerca de dos acciones que la Universidad ha emprendido y que seguramente ya son de dominio público:
- Se ha iniciado un proceso de reclamación por algo más de 7.000 millones de pesos a la Alcaldía de Bogotá por sus acciones y omisiones en la toma violenta de la Sede de Bogotá el pasado mes de julio. Se calcularon los daños directos causados, el costo de los días perdidos para estudiantes, trabajadores y profesores, las obligaciones incumplidas y las demás labores que no se pudieron llevar a cabo. Es importante que las autoridades y la ciudadanía sepan que cada día de trabajo perdido en la Universidad tiene implicaciones económicas muy serias. Nuestros campus no son bienes mostrencos. Muy distinta fue la situación en el reciente Congreso de los Pueblos en el que sus directivas, la alcaldía de Bogotá y las directivas de la Universidad nos comprometimos a darle condiciones de seguridad y salubridad a los participantes sin suspender las labores de la Universidad, ni causar daños a sus instalaciones.
- Presentamos una Acción Popular contra el Ministerio de Hacienda y el Congreso por un monto aproximado de 200 mil millones de pesos como compensación a los costos causados por leyes que generaron obligaciones a la Universidad sin que hubieran definido al mismo tiempo los recursos para cubrir esas obligaciones. Esto se refiere a costos aumentados de nómina como consecuencia de los decretos 1444 y 1279 que regulan los salarios de los docentes, a leyes que aumentan aportes patronales para la seguridad social y a otras que exigieron modificaciones en nuestras construcciones. Agradezco mucho al profesor Félix Hoyos y a sus colaboradores de la Facultad de Derecho por el apoyo técnico en esta acción.
Más allá del objeto de la demanda misma (que es importante y que podría generar recursos significativos para la Universidad) queremos llevar la discusión de los problemas estructurales de la financiación de las universidades públicas al juicio de las altas cortes y de la sociedad. Como es bien sabido, desde cuando se aplica plenamente la Ley 30 de 1992 nuestros presupuestos sólo aumentan con el IPC (lo que significa que de hecho están congelados) mientras que los costos se incrementan muy por encima de ese índice. Esto se debe no sólo a las leyes y normas nuevas, sino a las necesidades de ampliación, modernización, actualización tecnológica y mejoramiento de la calidad, que son indispensables para cumplir con nuestro compromiso social de ofrecer a nuestros estudiantes la mejor educación superior del país independientemente de sus recursos económicos.
Cordialmente,
(original firmado por)
MOISES WASSERMAN LERNER
Rector
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